David Silberman Gurovich #contraladictadura

silvermangurovichdavidNació el 10 de junio de 1939, en Chile. De profesión Ingeniero Civil, trabajó como Gerente General de Cobre Chuqui hasta el 11 de septiembre de 1973. Era militante del Partido Comunista.

El 15 de septiembre de 1973 se presentó voluntariamente al Comandante Militar de Calama, mayor Fernando Reveco Valenzuela, fue detenido y sometido a proceso por un Tribunal Militar de Tiempo de Guerra de Calama.

El 19 de octubre de 1973, junto a otros 25 prisioneros, fue sacado de la Cárcel de Calama, donde cumplía su condena. Entre ellos ejecutivos de Cobre Chuqui y militantes de los Partidos Socialista y Comunista, todos fueron fusilados y sus cuerpos ocultados a sus familiares.

Sus ejecutores, fueron miembros de la Comitiva del General Sergio Arellano Stark, entre los que se encontraban los Oficiales de Ejército: Marcelo Moren Brito, Sergio Arredondo, Pedro Espinoza y Armando Fernández Larios.

El asesinato de este grupo de hombres fue justificado por el pretexto de la posible «huida» durante el traslado de los prisioneros. Pero resulta inverosímil que haya existido este «traslado», sobre todo si se tiene en cuenta que en ese preciso momento se hallaba en el lugar una comitiva procedente de Santiago de Chile, cuyo objetivo residía en revisar la situación procesal de los detenidos. Se ha conocido con posterioridad que, incluso, en esos instantes sesionaba un Consejo de Guerra que les afectaba, lo que hace aún más absurdo que estos fueran llevados hacia otro lugar.

Tampoco tiene sentido el traslado si se considera que un significativo número de los detenidos tenía a esa fecha dictada sentencia condenatoria en su contra, otros estaban siendo procesados, otros debían ser relegados y algunos no tenían siquiera proceso iniciado, lo que contribuye a desvirtuar la existencia de algún motivo o razón que explique la necesidad de trasladarlos a la ciudad de Antofagasta.

Por otra parte, muchos de estos hombres a los que se les aplicó la llamada «ley de fuga», habían sido condenados a penas relativamente bajas; mientras otros se encontraban en precarias condiciones físicas producto de las torturas recibidas. Aún más importante que lo anterior es que en las declaraciones públicas de las diversas autoridades y oficiales que tuvieron participación en los hechos, se ha discutido sobre quién dio la orden de proceder a las ejecuciones, sin aducir que se habría tratado en realidad de un intento de fuga, desmintiendo de esta manera la explicación inicial.

En relación a estos hechos no hubo investigación institucional que ordenaran las autoridades competentes para lograr el debido esclarecimiento de los hechos y delimitar las debidas responsabilidades, como era procedente. Asimismo, los procesos judiciales, que terminaron siendo de la competencia de la Justicia Militar, fueron sobreseídos por aplicación del Decreto Ley de Amnistía.

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