Aroldo Cabrera #contraladictadura

OK_AROLDOOHaroldo Cabrera Abarzúa militante socialista, tenía 34 años de edad cuando se presentó voluntariamente ante las autoridades militares chilenas el 12 de septiembre de 1973.

Fue sometido a Consejo de Guerra, y condenado el 29 de septiembre, a 17 años de presidio, acusado de tenencia ilegal de armas y malversación de caudales públicos.

El 19 de octubre de 1973, fueron sacados alrededor de 25 prisioneros de la Cárcel de Calama, donde cumplía su condena. Entre ellos algunos ejecutivos de Cobre Chuqui y militantes de los Partidos Socialista y Comunista, todos fueron fusilados y sus cuerpos ocultados a sus familiares.

Sus ejecutores fueron miembros de la Comitiva del General Sergio Arellano Stark, entre los que se encontraban los Oficiales de Ejército: Marcelo Moren Brito, Sergio Arredondo, Pedro Espinoza y Armando Fernández Larios.

Se fundamenta que fueron ajusticiados basándose en las siguientes circunstancias: La versión de la autoridad en orden a que haya existido un traslado de los reos resulta inverosímil, sobre todo cuando se hallaba en el lugar una comitiva procedente de Santiago precisamente para revisar la situación procesal de los detenidos, sosteniéndose incluso, aunque ello no ha podido ser comprobado, que cuando los detenidos fueron sacados de la Cárcel se hallaba sesionando un Consejo de Guerra que les afectaba, lo que hace aún más absurdo que estos fueran llevados hacia otro lugar.

Tampoco tiene sentido el traslado si se considera que un significativo número de los detenidos tenía a esa fecha dictada sentencia condenatoria en su contra, otros estaban siendo procesados, otros debían ser relegados y algunos no tenían siquiera proceso iniciado, lo que contribuye a desvirtuar la existencia de algún motivo o razón que explique la necesidad de trasladarlos a la ciudad de Antofagasta.

Es improbable que haya existido un intento de fuga, entre otras cosas, por encontrarse entre los detenidos personas que estaban condenadas a penas relativamente muy bajas; por haber otros que estaban en precarias condiciones físicas producto de las torturas recibidas; y finalmente por la extrema dificultad de huir estando custodiados por un grueso destacamento militar.

Aún más importante que lo anterior es que en las declaraciones públicas de las diversas autoridades y oficiales que tuvieron participación en los hechos, se ha discutido sobre quién dio la orden de proceder a las ejecuciones, sin aducir que se habría tratado en realidad de un intento de fuga, desmintiendo todos ellos la explicación inicial.

Diversos testimonios confiables hacen concluir que en los fusilamientos participaron oficiales del Regimiento de Calama y de la comitiva venida desde Santiago.

En relación a estos hechos no hubo investigación institucional que ordenaran las autoridades competentes para lograr el debido esclarecimiento de los hechos y delimitar las debidas responsabilidades, como era procedente. Asimismo, los procesos judiciales, que terminaron siendo de la competencia de la Justicia Militar, fueron sobreseídos por aplicación del Decreto Ley de Amnistía.

El hecho que sus cuerpos no hayan sido entregados a sus familiares, hace presumir un afán de ocultar los sucesos.

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